Este martes 29 de julio entra en vigor la norma que obliga a todos los programas de facturación a adaptarse al nuevo sistema exigido por Hacienda

Más de seis millones de pymes y autónomos deberán asumir a partir de 2026 las nuevas exigencias de la Ley Antifraude y a los requisitos del sistema Verifactu

Madrid, 28 de julio de 2025 – A solo seis meses de que la factura electrónica sea obligatoria para todas las empresas en España, dos de cada tres autónomos continúan facturando a mano, con papel, boli o Excel, según un informe elaborado por el experto en digitalización TeamSystem en colaboración con Materia Prima.

Esta realidad contrasta con la inminente entrada en vigor de la nueva normativa fiscal: el próximo martes 29 de julio, todos los desarrolladores de software, unas 30.000 empresas, según el INE, deberán haber adaptado sus soluciones a los requisitos técnicos exigidos por Hacienda.

Este cambio normativo, enmarcado en la Ley Antifraude y en el nuevo sistema VeriFactu, afectará desde enero de 2026 a las empresas que tributan por el Impuesto de Sociedades y desde julio de 2026 a los autónomos. Sin embargo, el informe revela un alto grado de desconocimiento y pasividad ante esta transición: el 46,4% de los negocios esperará a ver cómo se adaptan otros antes de actuar y un 38% admite que lo dejará para el último momento.

Además, la brecha digital sigue siendo una barrera: el 50% de los negocios no muestra interés por contratar un software de facturación, y entre los que ya utilizan uno, un 28% desconoce la marca del programa que usa. Este retraso en la digitalización genera un enorme coste oculto: más de 3.600 millones de euros anuales en pérdidas por errores, duplicidades y tiempo improductivo.

Para apoyar esta transformación, el programa Kit Digital, financiado con fondos europeos, ofrece ayudas económicas para la implantación de herramientas digitales de gestión y facturación, especialmente dirigidas a autónomos y micropymes.

Desde TeamSystem recuerdan que el uso de software adaptado será obligatorio y que la normativa prohíbe los programas de doble uso, es decir, aquellos que permiten manipular facturas o llevar contabilidades paralelas. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar los 50.000 euros.