En un contexto marcado por la sobrecarga normativa, la creciente complejidad de los trámites y una brecha cada vez mayor entre la ciudadanía y la Administración, resulta urgente repensar el modelo de relación entre ambos. Esta ponencia propone una reflexión en profundidad sobre la figura del profesional autorizado y el impacto que tendría una Ley de Colaboración Social Administrativa en la eficiencia del sistema público.
A través de ejemplos concretos, datos y casos prácticos, se analizará cómo la colaboración con profesionales habilitados puede contribuir a reducir cargas burocráticas, mejorar la seguridad jurídica, acelerar procesos y liberar recursos públicos. La ponencia abordará el marco normativo actual, las lagunas existentes y las propuestas que permitirían consolidar una red de colaboradores capaces de actuar como intermediarios seguros y eficaces entre el ciudadano y la Administración.
Una sesión clave para avanzar hacia una Administración más ágil, cercana y moderna, desde la confianza institucional en quienes ya están actuando, de hecho, como su primera línea de apoyo externo.
